Los vecinos de la estación del metro “Protectora de la Infancia” en la comuna de Puente Alto han tenido que convivir semana a semana, desde hace ya varios meses, con atropellos a peatones que de forma irresponsable atraviesan el corredor de Transantiago con luz roja,  lamentablemente, varios de ellos con resultado de muerte. El último accidente sucedió el pasado sábado 5 de diciembre cuando dos personas murieron de forma instantánea al ser arrolladas por un bus de acercamiento local.

Es por lo anterior que un grupo de vecinos ha decidido organizarse y solicitar al Municipio su apoyo para lograr la instalación antes del cruce semaforizado de dos “lomos de toro”, con la finalidad de que los buses orugas se vean obligados a disminuir su velocidad y de este modo cuenten con el tiempo y la distancia suficiente para frenar en caso de cruzarse un desapercibido peatón.

Si usted desea colaborar con su firma para apoyar esta campaña puede tomar contacto con el siguiente vecino:

 Nombre: Juan Pablo Rojas ; Celular: 09-9718452; E-mail: jprojas.soto@gmail.com

A continuación entergamos para vuestro conocimiento, la carta que será entregada al Alcalde de Puente Alto, Sr. Manuel José Ossandon, en busqueda de su apoyo en este cometido:

 Las copias fueron dirigidas a las siguientes personas:

 -         Sra. Carolina Tohá Morales, Ministra Secretaria General de Gobierno

 -         H. Diputado Sr. Ramón Farías. Presidente Comisión Investigadora de Criminalística 

 -         H. Diputado Sr. Sergio Bobadilla, Presidente Comisión de Educación. Deportes y Recreación

 -         Sr. Pepe Auth Stewart, Presidente PPD

 A continuación se adjuntan las imágenes de las cartas con su respectiva recepción (para agrandar hacer clickear sobre la imágen):

Los trabajadores que agrupan los sindicatos de las empresas Ascensores Otis Chile Ltda., Ascensores Fabrimetal S.A. y Elevatec S.A. mantienen una Huelga Legal desde el pasado 30 de noviembre en búsqueda de obtener mejoras salariales.

Los trabajadores se mantienen en pie de guerra con la Gerencia de OTIS por estimar que los sueldos que obtienen por su servicio especializado no se enmarca dentro de lo estimado para una función tan importante como es mantener de buena forma y totalmente operativos los ascensores que la empresa tiene a cargo en el país.

Los trabajadores entablaron una mesa de diálogo con la Gerencia de OTIS pero hasta el momento no han encontrado respuestas satisfactorias, justificando la dirección de la filial chilena en que “se encuentran en medio de una crisis económica”.

CHILE RESPETA mira con especial interés esta lucha sindical ya que según señaló Juan Pablo Rojas, Presidente de la ONG de Defensa Ciudadana, existen una serie de antecedentes que podrían corresponder a faltas y abusos laborales en contra de estos trabajadores: “Estamos en presencia de una firma internacional con presencia en 200 países y que en promedio factura cerca de 15 millones de dólares anualmente, cuyo 80% proviene desde fuera de los Estados Unidos, y entre estos países obviamente se encuentra Chile, por lo que las justas demandas que tiene sus trabajadores están totalmente validadas por si mismas”, señaló Rojas. Además agregó que “lo que sucederá ahora con el mantenimiento de los cientos de ascensores que se encuentran en diversos edificios de altura y condominios de nuestro país es un tema de extremo cuidado, ya que la ley permite que ante la huelga de brazos caídos de los trabajadores se pueda contratar a personal que cubra las necesidades operativas, pero en el caso de los ascensores todos estimamos que deben efectuar estos trabajos personal idóneo y con un currículum técnico intachable, pero se desconoce el origen y formación de los técnicos que esta empresa ha puesto en estas funciones para suplir a quienes se encuentran en huelga”.

Además Juan Pablo Rojas informó que el equipo jurídico de CHILE RESPETA se encuentra listo y dispuesto para analizar desde el punto de vista técnico la concurrencia de ilegalidades hacia estos importantes trabajadores calificados.

Desde esta tribuna, la Organización de Defensa Ciudadana CHILE RESPETA entrega todo su apoyo a los trabajadores que se encuentran en Huelga Legal, apoyándolos en las necesidades que ellos estimen convenientes.

(Noticia en desarollo) …

                                                                 Santiago, viernes  4 de diciembre de 2009

H. Diputado

Felipe Harboe Bascuñán

Presente

 Estimado Señor:

 Las víctimas directas de la estafa cometida por la Universidad Tecnológica Metropolitana y la empresa Servicios Educacionales Celta S.A. a través de las carreras de Perito Criminalístico y Cientista Criminalístico en las ciudades de Santiago, Valparaíso, San Fernando y Concepción, así también como nuestros familiares y amigos, hemos quedado estupefactos al conocer en días anteriores vuestras declaraciones de apoyo a esta universidad y directamente a estas carreras durante vuestra visita a la Casa Central de la citada Casa de Estudios.

 Según se informa en las páginas web de esta universidad, usted entrega “destacadas palabras” para esta carrera, haciendo un llamado a la necesidad de la existencia de estos profesionales de la UTEM en Chile según lo siguiente:

 “Profesionales que jubilan tras 30 años de servicios, ya sea en Carabineros o Investigaciones, gravitan fuertemente el presupuesto estatal. De ahí la importancia que en un futuro cercano, los profesionales criminalísticos de la UTEM ingresen al sistema, no sólo para actualizarlo, sino también, para alivianar esta carga que ya supera en 1,5 veces el presupuesto del Ministerio de Interior”.

Señor Harboe, de qué forma Usted puede asegurar que los profesionales egresados de estas carreras pueden actualizar el sistema, si no conoce siquiera el nivel educacional con que estos alumnos han sido formados? Recuerde Usted que la UTEM es la única Universidad Estatal que no se ha acreditado, por lo cual sus estándares de calidad, en especial para estas carreras son de cuestionable calidad.  

 Pero mas allá de eso, Usted ha golpeado una feroz bofetada en nuestras caras con su visita, participación y apoyo, ya que no solo desconoce el contenido y conclusiones obtenidas en el Informe de la Comisión Investigadora sobre la creación de estas carreras, Comisión Especial creada y dirigida por su Presidente el Honorable Diputado Ramón Farías, quien pertenece a su misma bancada (PPD) y es Testigo en nuestro Juicio Colectivo, sino que se ha hecho utilizar por el rector Luis Pinto Faverio y los directivos de esta carrera para bajarle el perfil al drama humano y económico que vivimos miles de jóvenes y no tan jóvenes producto de esta gran estafa, en donde han sido cerca de 1.300 las personas que se encuentran con órdenes de embargo y despojados de sus pocos bienes que poseen. El desastre ha sido tal que existen cientos de personas con problemas psicológicos y sociales, lo cual Usted puede corroborar reuniéndose con el equipo de psicólogos y asistentes sociales que han llevado a cabo el estudio psicosocial a nuestras víctimas, informe que presentaremos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados una vez que sea finalizado, para exigir la creación de un Observatorio de la Educación Chilena, que busque mantener informados a los jóvenes sobre los reales alcances de todos los planes de estudios que se dictan en nuestro País, a fin de evitar que exista nuevamente una “Criminalistica” que destruya los sueños, anhelos y esperanzas de nuestros educandos, pilar fundamental en el desarrollo de una mejor sociedad para Chile.

 Diputado, usted ha tomado el puesto en la Cámara de la señora Carolina Tohá, ex Presidente de la Comisión de Educación y gran conocedora de los graves hechos con características de escándalo que se vienen sucediendo al interior de la UTEM desde hace ya casi una década, otro motivo para extrañarnos su decisión de apoyar esta estafa.

Pero tal como se lo he señalado antes, para nosotros es gravísimo que no se haya informado sobre este Informe de Comisión antes de decidir dar su espaldarazo a la UTEM. En el Informe, que se originó en el engaño sufrido por miles de alumnos que ingresamos a una carrera que no tenía campo ocupacional, se señala que “el problema de fondo se relaciona con la dicotomía que existe entre la oferta de carreras vigente en Chile y las expectativas o campo laboral de las mismas”. A raíz de esta investigación, la Cámara acordó, dada la gravedad de los hechos, que la Comisión de Educación continúe con el seguimiento de la estafa sufrida por los estudiantes y además las conclusiones fueron remitidas a los Tribunales de Justicia.

El informe de la comisión, que analizó la situación de la Universidad Tecnológica Metropolitana y la de Valparaíso, fue aprobado por unanimidad de 85 votos en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

En sus conclusiones, el documento sostiene que “se han podido apreciar con clara evidencia una serie de elementos que bien podrían tipificar un delito de estafa, en perjuicio de los alumnos que se han matriculado y cursado estudios en la carrera de criminalística de la UTEM”.

Subraya el informe que “el delito de estafa requiere la concurrencia copulativa de varios elementos”, a saber, “el engaño; luego, el error; en tercer término, el acto de disposición patrimonial, y; finalmente, el perjuicio económico”, circunstancias que se dan con la carrera de Criminalística.

El engaño, en el caso de la UTEM, ha quedado claramente establecido con la entrega de folletos y material de promoción que simulan convenios y campo laboral inexistente, a sabiendas de la autoridad universitaria. Como consecuencia del engaño, que es suficientemente convincente, los estudiantes caen en un error que les hace incurrir en una actitud colaborativa, ya que se inscriben, matriculan y cursan ramos, para lo cual realizan actos de disposición patrimonial”, señala el informe.

El texto destaca que “la propaganda contenida en los folletos entregados a los alumnos por parte de la UTEM para promocionar la carrera de criminalística es inductiva a error, ya que se muestran los logos de órganos públicos, señalando la existencia de convenios”.

Y agrega que “la propaganda referida ha sido realizada con la complacencia de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y del Servicio Médico legal, pues no obstante haber tomado conocimiento público de ella, nada han hecho para impedir que su nombre y logos institucionales sean utilizados al margen de la ley por la UTEM”, aunque luego el informe destaca un oficio de Investigaciones de Chile en que rechaza el uso de sus emblemas en la promoción de la fracasada carrera de Criminalística.

Por último el informe destaca las irregularidades y el silencio de los representantes de la Presidencia de la República en el directorio de la UTEM, por no haber denunciado el engaño en el que participaban.

Es por todo lo anterior señor Harboe, que en representación de cerca de 1700 víctimas que cursamos la carrera, solicito a Usted que nos informe si su apoyo a la carrera de Criminalística y a la UTEM es efectivo, además de saber si estaba Usted en conocimiento de las conclusiones de este importante informe antes de decidir su visita a esta Universidad.

Deseamos conocer su visión y versión, ya que como Diputado de la República y candidato a serlo por la elección popular y no por la designación de vuestros correligionarios de partido, nos es importante saber quien defenderá nuestros derechos ciudadanos como Parlamentario y creará las futuras leyes educacionales para nuestro País.

En espera de vuestra respuesta se despide atentamente,

                  Juan Pablo Rojas

 Perito Papiloscópico UTEM – Egresado año 2006

 Se adjunta: “Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre creación de la carrera de Criminalística”

Cc:

-          Sr. Pepe Auth Stewart, Presidente PPD

-          H. Diputado Sr. Ramón Farías. Presidente Comisión Investigadora de Criminalística

-          H. Diputado Sr. Sergio Bobadilla, Presidente Comisión de Educación, Deportes y Recreación

-          Sra. Carolina Tohá Morales, Ministra Secretaria General de Gobierno

-          Agrupación de Estafados por la UTEM

Ver 

N° 59.867 Fecha: 29-X-2009

Se ha remitido a esta Entidad Fiscalizadora el decreto N° 258, de 2009, de la Universidad Tecnológica Metropolitana que aplica, al término del respectivo sumario administrativo incoado en esa Casa de Estudios Superiores, la medida disciplinaria de destitución al académico don Jorge Fernando Valenzuela Gárate, para su control preventivo de legalidad.

Por su parte, el servidor destituido ha recurrido ante esta Contraloría General, señalando en su presentación, en síntesis, que el proceso sumarial en que se ha fundamentado la sanción expulsiva que le afecta, adolecería de vicios que la invalidarían.

Pues bien, el primer aspecto reclamado por el recurrente, dice relación con la falta de validez de la resolución de la Rectora Subrogante del ente universitario, que rechazó la recusación que planteó en contra del fiscal instructor del procedimiento sumarial, ya que el acto administrativo que se emitió para tal efecto no fue sometido al examen de legalidad del Contralor Interno de la Universidad.

Sobre el particular, es dable anotar que el inciso segundo del artículo 134 de la ley N° 18.834, -aplicable en la especie, en virtud de lo prescrito en el artículo 162 de ese cuerpo legal-, señala que “la solicitud de recusación será resuelta en el plazo de dos días por el fiscal respecto del actuario y por la autoridad que ordenó el sumario respecto del fiscal”. Por ende, las causales deben ser presentadas y resueltas dentro de la tramitación del respectivo proceso, conforme al procedimiento establecido en la citada normativa, tal como ocurrió en la especie, por lo que, contrariamente a lo aseverado por el señor Valenzuela Gárate, la determinación que adoptó la superioridad sobre este punto no requiere ser visada por la Contraloría Interna de la Universidad para ser válida.

Luego, en cuanto a la falta de imparcialidad esgrimida por el reclamante para alegar la aludida recusación en contra del investigador, corresponde señalar que en la documentación analizada no se advierte que haya existido arbitrariedad en la decisión adoptada por la Rectora Subrogante para desestimarla -fojas 409 del expediente-, puesto que el interesado no hizo valer ningún antecedente que acreditara la parcialidad del instructor, siendo insuficiente indicar, como fundamento, que éste, en una época anterior al presente sumario, había solicitado que se instruyera una investigación sumaria para indagar un hecho que habría tenido relación con las labores que desempeñaba el inculpado.

Enseguida, el afectado sostiene que las imputaciones de que fue objeto son imprecisas, ambiguas e infundadas. Sobre este aspecto, cabe indicar que en el acta de cargos que rola a fojas 1.386 a 1.396 del proceso, aparece que aquéllas se especificaron, en opinión de este Ente Contralor, en forma clara y concreta los acontecimientos constitutivos de las infracciones en que el encausado incurrió, permitiendo a éste, según consta en sus descargos de fojas 1.403 y siguientes, tener cabal conocimiento de cada una de las conductas reprochadas, respetándose plenamente su derecho a defensa.

A continuación, manifiesta el interesado que el fiscal no dio lugar a una serie de diligencias probatorias solicitadas en su escrito de descargos y que, a su juicio, eran esenciales para su adecuada defensa, ni abrió un término probatorio para tal fin, a lo que se suma que esta resolución del fiscal no le fue notificada personalmente.

Al respecto, cabe anotar, que del detenido estudio de las piezas que conforman el expediente sumarial, este Organismo ha verificado, en fojas 1.440 y siguientes, que el inculpado no rindió pruebas destinadas a desvirtuar los cargos que se le imputaron, sino que se limitó a solicitar que se llamara a declarar a autoridades de la Universidad, y a que se efectuaran diligencias referidas a acontecimientos ocurridos con posterioridad a los hechos investigados, no advirtiéndose que su realización tuviera por objeto esclarecer su responsabilidad funcionaria. Acorde con lo anterior, consta en fojas 1.465 que el fiscal procedió a acoger solamente las diligencias estimadas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, razón por la cual tal actuación, y el hecho de no haberle comunicado al inculpado de manera personal tal providencia, no han constituido vicios que afecten la tramitación del proceso.

Resulta menester indicar, por lo demás, que el inciso segundo del artículo 138 del Estatuto Administrativo establece que si el inculpado solicitare rendir prueba -lo que, según se ha expresado, no ocurrió en la especie-, el fiscal señalará plazo para tal efecto, resultando útil señalar que la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, contenida en los dictámenes N°s. 17.769, de 1994 y 10.561, de 2003, entre otros, ha manifestado que sólo es imperativo para el fiscal recibir la prueba que el inculpado ofrece rendir, indicando el término para ello, de modo que no se encuentra obligado a acceder, si aquél se limita a pedir que se ordenen determinadas diligencias.

Por otra parte, en torno a la reclamación que plantea el peticionario, en orden a que en el sumario no se le reconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior, corresponde señalar que tal circunstancia no constituye arbitrariedad alguna. Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Contralora, en sus dictámenes N°s. 47.412, de 2007 y 5.212, de 2009, entre otros, ha expresado que al estar asignada por la ley una sanción específica para determinada infracción -como aconteció en el presente caso-, la autoridad sancionadora se encuentra en el imperativo de disponerla, no pudiendo aplicar una medida correctiva, ni ponderar las circunstancias que eventualmente podrían aminorar la responsabilidad funcionaria de aquéllos.

A continuación, el interesado impugna lo que, en su concepto, constituye una intervención anómala del Contralor Interno de la mencionada Casa de Estudios, pues éste emitió un informe relativo al sumario en comento, sin que exista normativa que autorizara tal intervención, buscando encauzar la decisión del señor Rector en torno a la sustanciación del proceso.

En este orden de ideas, es dable aclarar que el pronunciamiento expresado por la antedicha Contraloría Interna de la Universidad, resulta ser una apreciación no vinculante para la máxima autoridad universitaria, siendo menester añadir que se trata de una actuación que le incumbe efectuar de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, letra b), de la resolución exenta Nº 4.410, de 1995, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que fija el Reglamento de la aludida Unidad de Control Interno, y que establece, en lo que interesa, que aquélla velará para que la instrucción de procesos destinados a determinar la responsabilidad de miembros de la comunidad -funcionarios o estudiantes-, se ajusten a los procedimientos y normas señalados en la legislación vigente.

Finalmente, el solicitante expresa que no ha sido notificado de la resolución que resolvió el recurso de reposición que interpuso. En relación con esta alegación, es menester indicar que la reposición en subsidio que hizo valer aquél ante la autoridad universitaria, fue denegada, según se infiere de los numerales 2 y 3 de los Considerandos del decreto sancionatorio, resultando útil anotar, acorde con lo precisado por la jurisprudencia administrativa de este Ente Contralor, contenida, entre otros, en sus dictámenes N°s. 20.913, de 1992 y 11.207, de 1993, que no es necesario dictar un documento para denegar tal recurso, bastando dejar constancia de ello en el expediente, comunicándose esa decisión al interesado.

Ahora bien, el hecho de que el recurrente no haya sido notificado formalmente de tal rechazo, no constituye un vicio que afecte la eficacia del proceso, pues no se ha visto afectado en modo alguno su derecho a defensa, teniendo en cuenta que en la especie no concurre el recurso de apelación, atendida la naturaleza de ente descentralizado de la citada Universidad.

En consecuencia, habiéndose examinado el sumario en comento, se ha podido comprobar que aquél se ha tramitado con apego a la normativa que regula la materia, contenida en el Título V de la ley Nº 18.834, sin que se adviertan vicios que afecten su legalidad, siendo menester agregar que las alegaciones hechas valer por el reclamante no permiten alterar el criterio sancionador adoptado por la autoridad a su respecto, las que, por lo demás, son las mismas que planteó tanto en sus descargos como en el recurso de reposición, instancias a través de las cuales no logró desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra.

Sobre la base de las consideraciones establecidas, este Órgano de Control desestima la presentación interpuesta y procede a cursar el decreto Nº 258, de 2009, de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República

Muchas opinan que éste depende de la capacidad de imponerse. Una preocupante percepción si consideramos que no todos/as contamos con las mismas posibilidades de ser respetados en una sociedad altamente desigual y donde existe una elevada percepción de abuso de poder y discriminación.

En este marco, quiero hacer un llamado ante la opinión pública, a nuestras autoridades, alcaldes, parlamentarios y lideres sociales a instalar en el debate la comprensión del respeto como un derecho y responsabilidad ciudadana y estimular un buen trato entre personas, grupos e instituciones.

¿Porqué hablar de Respeto?

Puesto que existe una tensión entre la comprensión del respeto como un derecho de todos y la experiencia cotidiana de vivirlo como un privilegio de pocos. “Cuando la comprensión de respeto deja de implicar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todos por igual, se naturalizan abusos y discriminaciones.

Invitamos estimular el respeto en la convivencia y denunciar los abusos de poder y las discriminaciones de todo tipo, puesto que según la ciudadanía, (estudio Respeto y Cultura Democrática, Ong Genera 2008) son las principales faltas de respeto en Chile”,

Entre los datos del estudio Respeto y Cultura Democrática (2008) se cuentan:

• El 81% de los encuestados no está de acuerdo con que Chile sea un país respetuoso.
• El 48% de la población cree que a los pobres no se les respeta nada, mientras El 98% cree que a los homosexuales se le respeta poco o nada.
• El 99% de los/as chilenos creen que a los indígenas se les respeta poco o nada.

Detengamos los abusos AHORA!!

Si te sientes discriminado, afectado por abuso de poder, necesitas apoyo o simplemente una guía de como hacer tus reclamos en Instituciones Públicas puedes escribirme a jprojas.soto@gmail.com

Un abrazo,

Juan Pablo Rojas